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Blanqueo de capitales y financiacion terrorismo

Normativa de referencia.

La Ley 10/2010, de 28 de abril, sobre prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, tiene como objetivo principal evitar que el sistema financiero español y otros operadores económicos puedan ser utilizados para fines delictivos.

La nueva Ley regulará las medidas de diligencia debida con el cliente, y hará distinción entre las simplificadas como la obligación de identificación del titular real de un producto u operación y las reforzadas para sectores o actividades de riesgo como la banca privada, los servicios de envío de dinero y las operaciones de cambio de moneda extranjera. La nueva norma refuerza el control en el caso de cargos públicos, acentuando el papel de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias como órgano responsable de la coordinación de la política de prevención en este ámbito.

Sujetos obligados.

Tienen la consideración de sujetos obligados las personas físicas o jurídicas que desarrollen las actividades mencionadas en el Artículo 2 de Ley 10/2010, de 28 de abril. Estos son:

  • Entidades de crédito, financieras, bancos y cajas de ahorro.
  • Entidades aseguradoras y corredurías de seguros.
  • Empresas de servicios de inversión.
  • Entidades gestoras de fondos de pensiones.
  • Sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de capital-riesgo cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.
  • Las sociedades de garantía recíproca.
  • Las entidades de pago.
  • Las personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda.
  • Los servicios postales.
  • Las sociedades o personas dedicadas a la Intermediación en Actividades Financieras, concesión de préstamos o créditos.
  • Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles.
  • Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.
  • Los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
  • Los abogados, procuradores u otros profesionales.
  • Gestorías y Consultorías o las personas que con carácter profesional presten los siguientes servicios a terceros: constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o secretaría de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona.)
  • Casinos de juego y Recreativos.
  • Joyerías.
  • Galerías de arte y antigüedades.
  • Personas físicas o jurídicas que ejerzan actividad empresarial o profesional de comercialización o mandato, mediante contrato de compraventa, revalorización y otros contratos similares, relacionadas con sellos, obras de arte, antigüedades, joyas, árboles, bosques naturales, animales y aquellos bienes similares (Las personas que ejerzan profesionalmente las actividades a que se refiere el artículo 1 de la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio).
  • Sociedades o personas que ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte profesional de fondos o medios de pago.
  • Personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar.
  • Fundaciones y Asociaciones.
  • Gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores y productos financieros derivados, así como los gestores de tarjetas de crédito o debito emitidas por otras entidades.

Además de todas estas actividades el artículo 38 de la misma Ley, amplía el abanico de empresas afectadas a:

  • Las personas físicas o jurídicas que comercien profesionalmente con cualquier tipo de bien, cuyo importe sea superior a 15.000 Euros, ya sea en una o en varias operaciones.

Los sujetos obligados quedarán, asimismo, sometidos a las obligaciones establecidas en la Ley respecto de las operaciones realizadas a través de agentes u otras personas que actúen como mediadores o intermediarios de aquéllos.

Medidas a adoptar por parte de las empresas.

Para cumplir las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril , el Cliente debe tener definidos e implantados procedimientos específicos en Prevención de Blanqueo, así como aprobada una estructura interna adecuada. Para ello las medidas a adoptar por parte de las empresas son las siguientes:

1.       ADECUACIÓN A LA NORMATIVA LEGAL.

2.       ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES.

3.       CONTROL INTERNO.

4.       CUMPLIMENTACIÓN Y ADAPTACIÓN A LA LOPD.

5.       FORMACIÓN.

6.       EXÁMEN ANUAL DE EXPERTO EXTERNO.

Infracciones y sanciones.

Las infracciones administrativas previstas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, para los sujetos obligados,  se clasificarán en muy graves, graves y leves. Y las sanciones económicas para cada una de estas sanciones son las siguientes:

Infracción Sanción
Leve Amonestación privada y multa de hasta 60.000€ .
Grave Amonestación privada, amonestación pública y multa que oscila entre 60.001€ y el 1 por ciento del patrimonio neto del sujeto obligado, el tanto del contenido económico de la operación, más un 50 por ciento, o 150.000 euros.
Muy grave Amonestación pública, inhabilitación para ejercer el cargo y multa que oscila entre los 150.000 € y el 1.500.000 €

Además de la sanción que corresponda imponer al sujeto obligado por la comisión de infracciones, también será posible que la Autoridad correspondiente pueda sancionar a los administradores o directivos que hayan sido considerados responsables de la infracción en función del nivel de la misma, siendo las sanciones en estos casos las siguientes:

Infracción Sanción
Grave Amonestación pública o privada, suspensión temporal en el cargo y multa que oscila entre 3.000€ y 60.000€.
Muy grave Multa que oscila entre los 60.000 € y 600.000 € e inhabilitación para el cargo o cargos similares por un periodo temporal de hasta 10 años.

Entre las sanciones graves podemos destacar:

  • El incumplimiento de la obligación de identificación formal y del titular real.
    • El incumplimiento de la obligación de aplicar medidas de seguimiento continuo a la relación de negocios.
    • El incumplimiento de la obligación de aplicar medidas de diligencia debida a los clientes existentes.
    • El incumplimiento de la obligación de comunicación sistemática.
    • El incumplimiento de la obligación de conservación de documentos.
    • El incumplimiento de la obligación de aprobar por escrito y aplicar políticas y procedimientos adecuados de control interno.
    • El incumplimiento de la obligación de establecer órganos adecuados de control interno.
    • El incumplimiento de la obligación de dotar al representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión.
    • El incumplimiento de la obligación de aprobar y mantener a disposición del Servicio Ejecutivo de la Comisión un manual adecuado y actualizado de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
    • El incumplimiento de la obligación de examen externo.
    • El incumplimiento de la obligación de formación de empleados.



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